El 27 de abril pasado, recuerda el diario El Comercio, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) habían declarado 'terroristas' a los grupos delictivos que operan en el contexto del narcotráfico, y ahora el decreto firmado ayer por Lasso representa el instrumento de ley necesario para que los militares puedan intervenir en operaciones de orden público.
En el primero de los cinco artículos que componen el decreto se ordena a las fuerzas armadas que, "en cumplimiento de su misión de defensa de la soberanía e integridad territorial y de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, realicen operaciones de guerra para confrontar y contrarrestar a individuos y organizaciones terroristas".
Ello, se precisa, aplicando "los instrumentos internacionales, las disposiciones de la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico interno del Estado ecuatoriano, a fin de garantizar la soberanía e integridad territorial y la plena vigencia de la Constitución y el ordenamiento de ley".
La violencia ha aumentado considerablemente en Ecuador en los últimos años también por el narcotráfico, con una tasa de homicidios que pasó de 14 a 25 por cada 100.000 habitantes entre 2021 y 2022. Esta situación también se ha trasladado a las cárceles donde, desde 2021, más de 420 reclusos han muerto en masacres en prisiones.
Hace unos días, el general Alexander Levoyer, comandante de la fuerza militar y policial conjunta en la provincia de Esmeraldas, advirtió: "Tenemos armas letales, tanquetas, aviones, si tenemos que usarlas contra los delincuentes, lo haremos".
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