Se trata de Saúl Coo Yáñez, Sergio Romero Varas y Franklin Fuentevilla Vásquez, quienes a la época de los hechos eran dirigente deportivo, militante comunista y militante del MIR, respectivamente.
Los tres están reconocidos como víctimas prisión política y torturas por la Comisión Valech, que documentó los casos de tortura y apremios durante la dictadura de Augusto Pinochet.
El tribunal de alzada dio por acreditadas las detenciones y torturas y que "los demandantes efectivamente han padecido dolores físicos, sufrimientos y angustias con evidente menoscabo de sus integridades física, síquica y afectiva por las consecuencias derivadas del actuar ilícito de agentes y órganos del Estado, lo que ocasionó una importante transformación en sus vidas".
Coo Yáñez fue indemnizado con 30 mil dólares por los 7 días de detención y apremios; Romero Varas con 40 mil dólares por 34 días; y Franklin Fuentevilla Vásquez, con 50 mil dólares, por 9 meses que pasó en privado de libertad.
Para el tribunal "se encuentra acreditado el ilícito, la responsabilidad del Estado y la circunstancia de que los hechos denunciados no habrían tenido lugar si la intervención de funcionarios estatales no se hubiera producido, y por ello solo quedó por dar por establecida la responsabilidad del Estado de Chile en esos hechos".
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